Por Juan J. Llach
El nivel de vida de los argentinos se estancó en la última década y lleva casi medio siglo de crecimiento lento, con caídas en casi todos los rankings globales. Las peores consecuencias de tantas desmesuras son los récords de pobreza y desigualdad, acentuados por la pandemia de Covid y su manejo. Para salir de esta situación, es clave acordar políticas que permitan lograr, en plazos razonables, mayor productividad y más y mejor inclusión. Este es el núcleo del proyecto Productividad Inclusiva (PI), del IAE Business School y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.
En prieta síntesis, la PI es priorizar la calidad y cantidad de la inversión en capital humano –clave para la inclusión– y en capital físico, generando así empleos formales suficientes para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Tal es una de las principales demandas que, implícitamente, los electores manifestaron en las PASO. Lograrlo es una tarea difícil, pero no imposible, como puede verse en algunos de los resultados de una encuesta por muestreo, representativa de las empresas en la Argentina, realizada para el proyecto PI y liderada por Eduardo Fracchia y Martín Calveira. Se encuestó a 412 empresas de industria, comercio y servicios, de 10 o más empleados y tamaños representativos basados en datos del Ministerio de Trabajo. Sus resultados se publican por primera vez.
Por un lado, sorprende que solo un 75% de las empresas miden la productividad por persona ocupada, y un 25% no lo hace. Las primeras se reparten parejamente en las que aumentaron su productividad (34%), las que no la variaron (35%) y las que la disminuyeron (31%), números acordes con el “estancamiento descendente” de la Argentina. Resultó mejor la autoevaluación de las empresas de su nivel tecnológico; 31% de ellas lo consideró muy actualizado, 50% dijo tenerlo actualizado, 17% lo estimó algo retrasado y 2% muy retrasado. Son menos alentadoras las respuestas sobre programas de capacitación del personal, ya que solo un 27% los hace para todos y un 30% para la mayoría, pero un 43% lo hace solo para una minoría o no los hace.
En parcial contraste, los mismos empresarios dijeron que, para mejorar la productividad, las principales herramientas son, en ese orden, la actualización tecnológica (45%) y la capacitación del personal (23%). En un típico caso de vaso medio vacío y medio lleno vemos que muchas empresas no hacen lo necesario para aumentar la productividad, capacitando al personal o actualizando su tecnología, pero eso mismo muestra el gran potencial de aumento de la productividad de las empresas, claro, si ellas cuentan con un rumbo y un marco económico adecuado, similar al de los vigentes en los países que progresan.
Una respuesta alentadora, y crucial para la factibilidad de la PI, es que una mayoría del 57% considera que es posible hacerlo manteniendo el personal y un 22% piensa que puede lograrse aun aumentando el personal. Hay también un 17% de empresas que no ve posible aumentar el producto por persona y solo 4% de las firmas piensa que es necesario reducir el personal para aumentar la productividad por trabajador. Esta mayoría de 79% que puede aumentar la PI sin reducir personal es importante porque suponemos que la generación de nuevos puestos de trabajo depende mayoritariamente del aumento de la capacidad productiva, a la que no hay que desalentar con tantas trabas como las que existen hoy en la Argentina, desde las tributarias hasta la carencia de un rumbo. Esto último es crucial y se ve claramente en una pregunta de respuesta múltiple: el 77% de las empresas consideran que el contexto económico del país es la principal traba para introducir nuevas tecnologías, y aumentar así la productividad, mucho más que los costos laborales (39%) o los problemas de financiamiento (28%).
También es bueno preguntarse si la productividad inclusiva luce posible en la Argentina, como sí lo es en muchos países. Solo un tercio de las empresas encuestadas practica la PI y ellas estiman que un 93% de los empleados y un 83% de los sindicatos la aprueba. Estos porcentajes bajan a 58% y 28%, respectivamente, en las empresas que no practican la PI. ¿Qué factibilidad le asignan los encuestados a la PI, en distintos contextos económicos? Un 37% evalúa que solo es posible en reactivación; un 28%, más optimista, la ve posible en cualquier contexto; el 24% pone como condición el crecimiento de la economía y, los más optimistas (solo 2%), la ven factible aun en recesión.
En fin, dado que hemos dicho que la creación de empleos depende crucialmente de la nueva inversión, es interesante conocer los factores que, según las empresas, gatillan la ampliación de sus operaciones o generan otras nuevas. Un rumbo económico claro es elegido por el 41%; le sigue una economía en crecimiento (28%), menor inflación (22%) y, contra lo que suele decirse, la mayor flexibilidad laboral tiene solo 8% de adhesiones. Por último, se preguntó ¿cuál de las siguientes políticas públicas sería más necesaria para aumentar la productividad? Aquí lidera, con 51%, un rumbo más claro de la economía (32%) o del país (19%), le sigue una menor presión impositiva (38,1%), un menor costo laboral es mencionado por solo 6%; hay un 5% de empresas que no creen necesaria ninguna política pública; y, en fin, una empresa consideró necesaria mejor educación y otra dijo que habría que eliminar al Estado.
La encuesta es elocuente respecto del significativo margen que hay en la Argentina para aumentar la productividad por persona ocupada, y también su componente inclusivo. Este potencial solo se realizará si hay un rumbo claro (la macroeconomía de mediano y largo plazo), acompañado por un programa macroeconómico de corto plazo creíble y compatible con el anterior. Ambos se necesitan mutuamente. Sin un rumbo claro y apto para crecer, como la PI o algo similar, será muy difícil mantener a raya la inflación, el déficit y la deuda y, a la inversa, si los actores económicos no creen que se estabilizarán estas variables, aun el mejor de los rumbos no será duradero.
Al ser la Argentina un caso muy raro se carece de “manuales” para que el país crezca y deje atrás sus males crónicos. Pero la historia sí recomienda lograr acuerdos entre los principales partidos. Así superaron crisis económicas o políticas, tanto o más profundas que la nuestra, España en los 70, Israel en los 80, Chile en los 90 y Sudáfrica a principios de este siglo. ¿Por qué es tan difícil cambiar realidades como la nuestra? Primero y principal, porque los beneficios sociales de reducir la inflación y erradicar sus causas no son inmediatos y, si sus costos no se distribuyen acordada y equitativamente, en el marco de un plan, es muy probable que se fracase, como nos muestra la historia. Buscar, como ahora, la inclusión emitiendo o aumentando impuestos al boleo para generar más planes o empleo público no es sostenible.
Sí es necesario reducir gradualmente los impuestos antiinversión, darles genuina progresividad y combatir con éxito la evasión, tarea casi imposible si ella es legitimada por la AFIP, como ahora. El único camino es acordar el aumento de la productividad y una inclusión programada, sólida y creíble, basada en la educación, más aún para transitar exitosamente la pospandemia.