Por Juan J. Llach

El rebote de este año no configura una “tendencia”: ocurrió en la mayoría de los países, por la recesión de 2020 y por el éxito de las vacunas anti -Covid.

Si no se recupera el crecimiento sostenido seguirán aumentando la pobreza y la desigualdad y el saldo migratorio se hará negativo, con más emigración y menos inmigración, configurando un deterioro de la dotación de capital humano de nuestro país.

Hay quienes, bajando los brazos, piensan que estamos condenados al fracaso. Esto se da mayormente en algunos sectores de ingresos altos, que suelen tener a mano la alternativa de la emigración, de personas y de capitales. Pero desde nuestro proyecto Productividad Inclusiva (PI), preferimos sondear otros rumbos y encontrar caminos nuevos y mejores.

Fue muy frecuente en nuestro pasado intentar una mayor inclusión, despreocupándose de la productividad, procurando suplirla con una expansión incesante del sector público que dio lugar a fenómenos crónicos tales como la inflación–que llegó a ser hiperinflación en 1989- un permanente déficit fiscal y una caída de la productividad del Estado al utilizarse al empleo público como principal modo de inclusión.

Con mucha menor frecuencia, existieron políticas que maximizaron la productividad posponiendo la inclusión.

Quizás el caso más notable fue el de la convertibilidad, aunque contra lo que suele creerse, la causa central de su mal final no fue una dura austeridad fiscal, sino un exceso de gasto público, al que se agregó luego una gran pérdida de recursos fiscales–del orden de 5000 millones de dólares- por el cambio del sistema jubilatorio de reparto a uno de capitalización, administrado por las AFJP.

Cabe recordar que, pese a ello, desde fines de 1994 hasta el 2001, la inflación al consumidor en la Argentina acumuló un 2% y en los EEUU, fue 16%, iniciando el necesario camino de una depreciación del peso.

El lema de la PI es aumentar sustancialmente, en calidad y en cantidad, la inversión en capital humano y en capital físico, dando lugar a la creación de millones de puestos de trabajo y, de ese modo, abatir la pobreza y reducir la desigualdad, tal como se detalla en la web de la PI (www.iae.edu.ar/pi).

No es cierto que la productividad por persona (P/p) sólo puede aumentar reduciendo el empleo.

En la visión mayoritaria de los empresarios no es así, según una encuesta por muestreo representativo a empresarios de todo el país, realizada en el marco del proyecto PI.

El 57% de los empresarios creen posible aumentar la P/p, manteniendo el personal y otro 22% afirma que la P/p puede aumentar aun incrementando el personal.

O sea, casi el 80% de los empresarios que contestaron la encuesta ve factible la PI, sin reducir el empleo y aun aumentándolo.

El gran desafío para la PI es que su éxito requiere acuerdos. El principal, por lejos, es tener un rumbo claro, y creído por los principales actores, basado en una economía mixta capitalista, abierta gradualmente al mundo y con reglas similares a las de los países que crecen.

¿Por qué hacen falta los acuerdos para llegar a la salida? La principal razón es que, siendo esencial para la PI tener un rumbo claro como el descripto, ello requiere esencialmente credibilidad en el rumbo a mediano plazo, por parte de los principales partidos, los trabajadores y los empresarios, que se potenciaría con acuerdos sólidos.

El rumbo no sólo es muy determinante de la inversión y también puede ayudar a la sostenibilidad fortaleciendo la reparación de la macroeconomía de corto plazo, que requiere reducir sustancialmente la inflación y el déficit fiscal y normalizar la relación con nuestros acreedores. No se trata de magia, sino de realismo.

Cuanto más claro y aceptado sea el rumbo, mayores serán la inversión y el crecimiento. Una vez que los agentes vean que la economía y la inversión crecen, empezará a rodar el círculo virtuoso. Entre otras cosas, la recaudación aumentará y el gasto público podrá reducir su participación en el PIB manteniéndose en términos reales.

Caminos de esta índole se acordaron en España en los ‘70 en Israel en los ‘80, en Chile en los ‘90 y en Sudáfrica en los 2000, todos ellos exitosos y con puntos de partida tan complejos y “agrietados” como el nuestro.

No es una tarea fácil, pero es la única salida. Tampoco es cierto que en nuestro país sea imposible acordar, como lo ilustran un par de ejemplos. Uno fue la Constitución de 1994 que, sin ser perfecta, continúa vigente.

Otro caso, olvidado, fue el Diálogo Argentino de 2002, cuyas conclusiones fueron muy buenas. El presidente Duhalde había dicho que ese sería su programa de gobierno, pero avatares políticos y la violencia desatada en 2002, impidieron que esa promesa se cumpliera.

De haberse puesto en marcha en 2003 tendríamos hoy un país mucho mejor. Hoy sería decisivo que el gobierno definiera cuál es su rumbo, que se desconoce, en buena medida por ser muy cambiante y por los conflictos internos de la coalición gobernante.